Educación

Las recientes declaraciones del exministro Mayor Oreja, al sostener la tesis de que el creacionismo está ganando adeptos y se está imponiendo entre la comunidad científica frente a la teoría de la evolución de Darwin, no solo ha generado una intensa polémica, sino que también han servido para reavivar un debate que cuestiona a toda la sociedad: ¿tienen los padres el derecho ilimitado de decidir el contenido educativo que reciben sus hijos en los centros escolares e instituciones públicas?

La raíz del error en la postura del exministro se encuentra al mezclar dos ámbitos que, si bien pueden coexistir en la vida personal, deben mantenerse separadas en el ámbito de la enseñanza pública objetiva: la religión y lo subjetivo, y el plano científico, empírico y objetivo. La teoría de la evolución no es una "verdad" que se acepte por fe o por mayoría de votos; es una explicación fundamental de la biología, respaldado por una gran cantidad de evidencia que abarca la paleontología, la genética molecular, la anatomía y la biología. Su validez radica en su capacidad para ser comprobada, observada y que no sea podido refutar.

Al tratar este asunto como una disputa de popularidad o una "moda dominante", y al comparar la teoría científica a conceptos sociales con daños irreparables como la esclavitud, el exministro hace una analogía de hechos biológicos con actitudes humanas que si son cambiables. Afirmar que la creación "está ganando" no solo es un bulo importante, sino que además revela una incomprensión de cómo funciona la ciencia: la veracidad de una teoría no se basa en cuántas personas la creen, sino en cuántos hechos objetivos y demostrables lo apoyan. Las creencias personales, por profundas que sean, no pueden invalidar el conocimiento acumulado durante siglos de investigación.

Respecto al dilema de la participación parental en la educación pública, la postura debe ser clara. Los padres tienen un derecho innegable decidir sobre la formación moral y religiosa de sus hijos, lo que les permite escoger centros o solicitar la enseñanza de la asignatura de Religión. Sin embargo, este derecho no se debe extender a la capacidad de cambiar asignaturas científicas y objetivas en instituciones financiadas por todos. Si se permitiera que cada familia eligiera un programa de estudio basado en sus prejuicios, el sistema educativo público se desmoronaría, impidiendo de un consenso de conocimientos básicos necesarios para la igualdad.

La escuela, especialmente la pública, tiene la misión de fomentar el pensamiento crítico, objetivo y basado en la razón. Solo enseñando a los estudiantes a diferenciar entre lo que es una hipótesis científica (demostrable) y lo que es un dogma de fe (indemostrable), se logra formar ciudadanos capaces de enfrentarse a la desinformación. 

Se puede y se debe explicar en las aulas la importancia de la religión en la historia, el arte, la filosofía y la ética, y discutir las distintas maneras de ver existentes, pero siempre desde una perspectiva que las vea como conceptos de fe o culturales, y nunca permitiendo que sustituyan, a los modelos científicos en las clases de Biología, Geología y otras ciencias. La fe no puede ni debe sustituir a la ciencia. En definitiva, es necesario no mezclar religión y ciencia porque pertenecen a planos de la realidad distintos, y en lugar de otorgar a los padres el poder de prohibir el conocimiento objetivo, el sistema educativo debe promover la razón y el método científico como herramientas universales para la comprensión del mundo.